La marcha evidenció críticas hacia la gestión gubernamental por la falta de recursos y los índices de violencia que afectan a los planteles educativos
Docentes ecuatorianos marchan contra extensión de jornada laboral. – Cientos de educadores ecuatorianos marcharon este lunes en Quito desde la Casa del Maestro hasta la sede de la Corte Constitucional para exigir la protección de sus derechos laborales, presupuesto para la educación pública y garantías de seguridad.
Los manifestantes rechazan el Acuerdo Ministerial 045A, normativa que contempla jornadas extraordinarias los días sábados, sumadas a las 40 horas semanales establecidas en la legislación nacional. Durante la movilización, los profesores denunciaron también el deterioro democrático del país y el accionar del Gobierno nacional sobre las instituciones del Estado.
El magisterio señala que la medida desconoce derechos adquiridos y traslada a los educadores deficiencias estructurales no resueltas por el Estado, como la falta de infraestructura, psicólogos educativos y entrenadores deportivos.
«Planteles sin infraestructura, planteles sin entrenadores deportivos, sin psicólogos educativos y lo más fácil es decir: vayan a trabajar los sábados. Por lo cual esta marcha también es por presupuesto y seguridad para la escuela pública», indicaron los manifestantes. Respecto a la violencia en las aulas, los dirigentes destacaron la situación en la provincia del Guayas, donde contabilizan «más de 300 casos que están en alerta».
Leer también: Petro denuncia una «multinacional del crimen» en Colombia
Durante el recorrido, los educadores expresaron preocupación por la independencia de los poderes públicos y la reciente suspensión de organizaciones políticas de cara a los comicios locales de noviembre.
La movilización culminó en la Corte Constitucional, donde la dirigencia gremial espera la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acuerdo del Ministerio de Educación.
En el desarrollo de la jornada, los profesores manifestaron su rechazo a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que suspendió por nueve meses al Movimiento Amigo tras una denuncia de la Fiscalía por presunto lavado de activos, decisión que impide a la Revolución Ciudadana utilizar esa plataforma política para participar en las elecciones seccionales fijadas para noviembre.
EO// Con información de: TeleSur